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La Contra-Reforma de la Salud en Colombia

Miércoles, febrero 10, 2010 - 05:02 PM  Publicado por admin
El Gobierno Nacional, a la luz de la Emergencia Social decretada el 22 de Diciembre de 2009, dictó 16 decretos con fuerza de Ley antes de cumplirse los 30 días de la promulgación de la Emergencia.En aras de ser breves y de “ir al grano” dejemos claro que la crisis de la salud es fundamentalmente un problema económico. El sistema está en crisis porque no puede financiar con los recursos existentes lo que, por diferentes razones, se le había impuesto hacer.

Comencemos por el detonante de la crisis: el fallo de la Corte Constitucional que exige que los beneficios del Plan Obligatorio de Salud (POS) sean los mismos para el Régimen Subsidiado que para el Régimen Contributivo o dicho de una manera más cruda para los pobres que para los ricos.

La Ley 100 de 1993 tiene como uno de sus pilares el principio de la equidad, lo mismo para todos, es decir, lo mismo para los pobres que para los ricos.

Entonces, “nivelar por la bajo” no es un plan regresivo, es cumplir con el derecho a la igualdad. Ni Colombia, ni ningún país del mundo, pueden ofrecer servicios de salud de todo y para todos.

El nuevo POS deberá reflejar con diáfana claridad qué puede y qué debe la sociedad colombiana, representada por el Estado, garantizarle a todos los ciudadanos. Si no puede más no es culpa del Estado colombiano sino de la economía que el destino nos dio. En ese país que tenemos se da lo que se puede dar no lo que sería ideal dar.

Por otra parte, la crisis actual comenzó a gestarse con la Ley 100 porque desde 1993 se falló en el cumplimiento de los principios básicos del sistema que se quería implantar: promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Para quienes no lo sepan o recuerden, EPS es la sigla de Empresas Promotoras de Salud (traducción literal del modelo estadounidense de Health Maintenance Organizations), cuyo objetivo primario debe ser la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad (de allí la partida P y P).

Sin embargo, las EPS en vez de PyP, a través de programas comunitarios y de atención primaria, se dedicaron a pensar solamente en las prácticas médicas especializadas hospitalarias que tienen el más alto costo económico.

Y grupos de interés coadyuvaron impulsando medicamentos de marca, equipos e insumos de alto costo, en lugar de los genéricos de todo tipo que el país puede asumir.

Agregue Usted malversación, corrupción, mala administración y otras arandelas y el sistema tenía que colapsar.

De ese modo, que los 10 o 15 decretos-leyes de la Emergencia Social prioricen o privilegien la atención primaria ambulatoria y básica o fundamental sobre la atención de alto nivel y costo, no solo tiene sentido social y económico sino médico porque están orientados a atender las necesidades de salud de toda la población y a promover las labores de prevención de la enfermedad.

Ofrecer medicina ambulatoria y en el hogar, de muy buena clase, impartida por profesionales generales bien preparados, es fundamental en cualquier sistema y ofrece beneficios para todos en términos de salud. En esa práctica general es donde se miden los indicadores globales de la salud.

En cuanto a la práctica hospitalaria los hospitales de primer nivel, atendidos por médicos generales, deben ser la siguiente prioridad y a partir de allí en orden ascendente de acuerdo con la disponibilidad de recursos suficientes para todos.

El principio de solidaridad social exige que todos seamos conscientes de las necesidades de la sociedad en general. No se debe pensar en los intereses de un sector o grupo sino en el beneficio para la mayoría. Por ello, hay que “nivelar por el rasero que cubra a todos”.

Es indudable que comienzan a aflorar expresiones que reflejan intereses propios como las de las asociaciones de hospitales y clínicas, de los especialistas y de quienes se ven retratados en los conflictos de interés de que hablan las nuevas leyes.

Ojalá comprendiesen que se están privilegiando los intereses de la mayoría de los pacientes y de los profesionales.

A éste último tenor debemos resaltar que los decretos-leyes incluyen asignaciones muy importantes para la capacitación de los profesionales. Sin educación no puede haber calidad y establecer recursos económicos es el primer paso para que pueda haber educación médica continua ligada a la cual está la educación de la comunidad.

Creemos que la Contra-Reforma de la Salud en Colombia necesita un componente de socialización para que haya una comprensión de por qué cambiar de rumbo es absolutamente necesario y que las nuevas normas son un paso en el sentido correcto.

Jorge E. Maldonado MD, PhD, FACP
Profesor Titular de Medicina
Editor-Jefe Publicaciones ILADIBA

© EMSA-ILADIBA, Febrero, 2010

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