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Archivo para septiembre, 2015

Medicina Hospitales Educación e Industria

Miércoles, septiembre 16, 2015 - 05:09 PM  Publicado por Lina Lotero

En años recientes y sobre todo en los últimos meses, se ha reavivado en nuestro país el debate sobre la financiación de la educación avanzada del médico (internado y residencias de especialización) y a nivel mundial el análisis crítico sobre los precios exorbitantes de los nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, hepatitis C e hipercolesterolemia.
Los dos temas inciden directamente sobre los costos de la salud, la economía del sistema y la práctica de los profesionales de la medicina.

Mirados en conjunto, las aseguradoras y las prestadoras de los servicios de salud constituyen una de las industrias más poderosas de la economía, afín homólogo o paralelo o que el General Eisenhower llamó el “complejo militar/industrial”.

En el caso que nos atañe se trata del “complejo salud/industria” que cubre desde la educación de los profesionales, su capacitación avanzada y educación continua y el aseguramiento y prestación de los servicios, en la actualidad en manos de poderosas corporaciones y empresas de una u otra categoría del espectro. El médico y sus afines han pasado a ser solamente minúsculos componentes del gran entramado.

La educación, en general, y la educación médica, en particular, hacen parte del complejo sistema corporativo empresarial educativo. Aunque creemos que los costos que se cargan al estudiante y a sus familias por alcanzar el título profesional se salen de lo razonable y justo, donde se comete la mayor tropelía e injusticia es en el cobro de matrículas a los internos y residentes, ulteriores al estricto currículo académico de pregrado, que se han incorporado de manera ladina a la educación verdaderamente universitaria.

Colombia es el único país del mundo que considera que los internos y residentes son estudiantes y deben pagar matrícula. En todas partes y desde antaño hasta hogaño son practicantes, que realizan funciones que generan ingresos para el hospital donde laboran por la cual son compensados con una capacitación o práctica supervisada y por beneficios como un aporte económico, alojamiento, uniformes, alimentación, uso de biblioteca y sistemas y otros como beneficios sociales o laborales de ley.

Quienes hicimos nuestros internados y residencias (incluyendo programas de maestría o doctorado) en instituciones del exterior así recibimos la educación médica más avanzada, unos en programas universitarios y otros en hospitales no universitarios pero calificados para ofrecer internados y residencias de especialidad.

En Colombia, a partir de los años 60 y siguiendo la genial idea de un hospital de Bogotá, se estableció la práctica de la matrícula para los internos y residentes y se iniciaron programas disimulados para justificar lo injustificable como las “becas-crédito”.

El complejo empresarial o industrial educación hospitalaria debe sufragar, como parte del sistema de salud y con ingresos del sistema, los costos de los internos y residentes e imputar esos costos a los servicios pagados que generan los profesionales que hacen la práctica hospitalaria, pagos que ingresan a las arcas del hospital o centro de servicio.

Otro aspecto económico general de mayor preocupación en el momento es el lanzamiento al mercado de algunos medicamentos para enfermedades como el cáncer, la hipercolesterolemia y la diabetes que son de un precio que se sale de todo parámetro de mesura y justificación. El tema es motivo de debate y de profunda crítica en países ricos como Estados Unidos y los europeos.

En general, la relación costo/beneficio no justifica los precios que los laboratorios productores han fijado para los nuevos medicamentos. Por ejemplo, los inhibidores de PCSK9 para tratamiento de la hipercolesterolemia (colesterol LDL) tienen un costo anual por paciente de 14.000 dólares, cuando existen genéricos eficaces que logran beneficios razonablemente similares por una fracción.

Y lo mismo puede decirse de medicamentos como las incretinas para diabetes tipo 2 que puede tratarse eficazmente con genéricos tipo metformina o sulfonilureas de muy bajo costo.

Pero el caso más impactante es de los nuevos medicamentos biológicos oncológicos cuyo costo anual puede llegar a cifras astronómicas, como 100.000 dólares, con un beneficio limitado, de pocos meses de sobrevida, en relación a tratamientos existentes.

El tratamiento del cáncer avanzado debe mirarse primero desde el ángulo de extensión o prolongación verdadera de buena calidad de vida, de la decisión del paciente, del costo/beneficio y del costo para el sistema de salud, es decir, del costo para la sociedad cuando hay tantas necesidades prioritarias insatisfechas (como los niños que mueren de desnutrición y los ancianos que necesitan una operación de cataratas o una prótesis que les permita moverse).

La mayoría de los nuevos oncológicos no cumplen con esos requisitos y son simplemente un negocio del complejo industrial y empresarial médico que beneficia a la industria, a los aseguradores y a los prestadores de los servicios y que muy poco hace por los pacientes que son inducidos, sin considerar la calidad de vida, a tratamientos con efectos secundarios, que poco aportan en términos de expectativa de vida.

Nos preocupa mucho que las sociedades científicas, las asociaciones de aseguradores y de prestadores de servicios de salud se unan a los productores de los medicamentos de altísimo costo y de escaso beneficio, para promover ante los médicos (bajo la modalidad de disfrazada educación continua, inapropiada por decir lo menos), las nuevas generaciones de medicamentos de precios exagerados.

La educación médica continua (EMC) es un derecho para los profesionales, técnicos y tecnólogos de la salud, consagrando históricamente pero, además, definido en leyes como la 100 de 1983, la de Capacitación, la de Talento Humano en Salud, la 1438 de 2011 (artículo 98) y como si fuese poco la Ley Estatutaria de 2015.

La EMC debe estar a cargo y se provista con recursos del sistema de salud pero, una vez más, el complejo empresarial/industrial de la salud, incluyendo el sector de educación formal (las universidades), se ha encargado de entrabar y dilatar el proceso porque tienen intereses económicos en el asunto, como el cobro de matrículas por cursos del tenor de millones de pesos por estudiantes o de centenares de millones de pesos por el desarrollo de una guía de manejo clínico.

Los múltiples tipos de educación informal médica continua (idealmente virtuales en la actualidad para que pueda haber una amplia cobertura) deben ser totalmente gratuitos para el usuario/estudiante, cuya única obligación debe ser cumplirlos con demostrada cabalidad, con financiación por parte del sistema de salud (aseguradoras y prestadoras de servicios o de quienes ocupen los profesionales, técnicos y tecnólogos.

La industria de fármacos, insumos y equipos puede financiar la educación médica continua pero sin ninguna relación a los productos propios y sin intervenir o sesgar el contenido del material educativo. En pocas palabras, debe haber una clara separación, tipo Iglesia/Estado, entre educación y comercialización. De hecho, así lo establece la Ley.

En la reforma integral del sistema de salud, la capacitación remunerada de los internos y residentes y la educación sobre el uso racional de los medicamentos, especialmente los del alto costo, deben ser motivo de reflexión y de acción en consonancia.

Jorge E. Maldonado MD, PhD, FACP
Editor Jefe Publicaciones ILADIBA
Vicepresidente de Educación de la Federación Médica Colombiana
Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina

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